Magdalena Odarda desnudo la complicidad de Milei y de tres gobernadores patag贸nicos con Harbour Energy
La petrolera brit谩nica sancionada por operar ilegalmente en Malvinas, es beneficiada por Milei y los gobernadores de Tierra del Fuego, Neuqu茅n y R铆o Negro.
17 de septiembre de 2025 16:08
La complicidad del presidente Javier Milei, de la Secretaria de Energ铆a Tettamantty y los gobernadores Melella, Figueroa y Wewtilneck, para favoceres los intereses brit谩nicos, permitiendo la violaci贸n de la Constituci贸n y las Leyes de la Naci贸n Argentina.
Una reciente denuncia de la legisladora rionegrina Magdalena Odarda ante la Procuradur铆a de Investigaciones Administrativas de la Naci贸n, ha destapado un esc谩ndalo de graves proporciones que la clase pol铆tica argentina y patag贸nica no quiere ni mirar. Pero que pone en jaque: la defensa de la soberan铆a argentina sobre las Islas Malvinas, la vulneraci贸n de nuestros recursos y riquezas naturales y la vigencia de las propias leyes.
En el centro de la pol茅mica se encuentra la petrolera brit谩nica Harbour Energy, a la que el gobierno de Javier Milei le otorg贸 permisos para operar en Tierra del Fuego, Neuqu茅n y R铆o Negro, a pesar de su conocido historial de actividades ilegales en el subsuelo marino de las Islas Malvinas.
Para que se entienda; empresas mayoritariamente extranjeras, el Gobierno Nacional y tres gobiernos de provincias; est谩n incumpliendo y violentando las prohibiciones establecidas por Leyes Nacionales. Un delito p煤blico-privado sobre el cual tambi茅n -en sinton铆a con el R茅gimen Libertario-, se mont贸 el gobierno Gustavo Melella. Impulsando con urgencia (desesperaci贸n), la renovaci贸n de los contratos petroleros en la Legislatura Provincial, brind谩ndoles a sus miembros, datos manipulados, falsos; para permitir que Harbour Energy absorbiera el 37.5 % del paquete accionario de la Cuenca Marina Austral 1, operada por Total Energy. Ignorantia iuris neminem excusat.
Para saltear la prohibici贸n legal, con conocimiento o decisi贸n conjunta de Total Energy, Pan American Energy y del Gobierno fueguino (pronto se sabr谩); Harbour Energy se hizo pasar por la empresa alemana Wintershall Dea, de la que hab铆a adquirido todos sus activos en septiembre de 2024; con el claro prop贸sito de ocultar su verdadera identidad presente y su pasado de explotaci贸n ilegal.
Una empresa sancionada y encubierta
El coraz贸n de este conflicto reside por la violaci贸n a la Ley Nacional N° 26.659, conocida como la "Ley Pino Solanas". Norma que penaliza econ贸micamente y sanciona con inhabilitaciones de hasta 15 a帽os, a cualquier empresa que explore o explote recursos en la plataforma continental argentina sin la autorizaci贸n del Estado nacional. Una Ley destinada exclusivamente a la protecci贸n fundamental de los recursos y riquezas naturales continentales, del Atl谩ntico Sur y Malvinas.
Por vigencia de esa ley, la petrolera Premier Oil fue condenada en 2015 por operar en el yacimiento Sea Lion (Le贸n Marino) con licencia de la colonia brit谩nica de Malvinas. La Justicia Federal de R铆o Grande, orden贸 sobre esas y otras empresas, su prohibici贸n de trabajo en el pa铆s, el embargo de sus plataformas y las mult贸 con millonarias sumas en d贸lares. Asunto que la Canciller铆a, “bien gracias”; cajone贸.
Sin embargo, en un movimiento de venta de acciones y transferencia de proyectos, Premier Oil se fusion贸 con la alemana Chrysaor Holdings, dando vida a Harbour Energy. Una nueva empresa que arrastr贸 legalmente las mismas penalidades y sanciones de sus antecesoras; al constituirse inmediatalente en titular del 60% del paquete accionario de Sea Lion entre 2021 y 2022.
Ahora, a Harbour Energy; el gobierno de Javier Milei, a trav茅s de la Secretar铆a de Energ铆a, dirigida por Mar铆a del Carmen Tettamanti; le concedi贸 no uno, sino tres permisos para operar en territorio argentino, ignorando por completo el antecedente judicial y violentado la Disposici贸n Transitoria Primera de la Constituci贸n Argentina.
La complicidad de cuatro gobiernos y el doble discurso
La denuncia de Odarda es un eslab贸n final en una cadena de decisiones que est谩n m谩s all谩 de lo cuestionables. La legisladora rionegrina denuncia directamente a la Secretar铆a de Energ铆a por autorizar a Harbour Energy a participar en el consorcio Southern Energy, un megaproyecto para exportar Gas Natural Licuado (GNL) desde el Golfo de San Mat铆as, en R铆o Negro. Adem谩s de los permisos de operaci贸n, la empresa fue incluida en el r茅gimen RIGI, que le otorga beneficios fiscales y aduaneros extraordinarios por 30 a帽os, un trato que contrasta con su condici贸n de empresa sancionada.
Aunque la expansi贸n de la petrolera brit谩nica va m谩s all谩, de lo que con precisi贸n denuncia Magdalena Odarda. En su propio sitio web Harbour Energy afirma que su producci贸n en la Argentina se concentra en dos 谩reas: la prol铆fica concesi贸n offshore Cuenca Marina Austral (CMA-1) en la provincia de Tierra del Fuego, y las concesiones onshore Aguada Pichana Este y San Roque en la cuenca neuquina. Donde se enorgullece que: “El negocio adquirido por Harbour lleva m谩s de cuatro d茅cadas operando en Argentina y cuenta con una sociedad de operaci贸n a largo plazo a trav茅s de TotalEnergies”. Datos suficientes como para tambi茅n involucrar de lleno, al gobierno neuquino de Rolando Figueroa.
La soberan铆a en peligro
La situaci贸n es de una gravedad extrema. La defensa de la soberan铆a sobre las Islas Malvinas no es solo una cuesti贸n de discurso, sino de acciones concretas. Al permitir que una empresa que ha violado la legislaci贸n argentina en t茅rminos de soberan铆a; opere libremente en el pa铆s, da cuenta que el gobierno nacional, el de Neuqu茅n, el de R铆o Negro y el de Tierra del Fuego est谩n socavando el reclamo hist贸rico por Malvinas y flagrantemente la constitucional de la Naci贸n.
La actividad de Harbour Energy en las Malvinas, heredada de su antecesora Premier Oil, no fue un incidente menor. La exploraci贸n y explotaci贸n del yacimiento Sea Lion, que se estima contiene m谩s de 900 millones de barriles de petr贸leo, es un acto de usurpaci贸n incontestable de recursos naturales argentinos. El hecho que las autoridades nacionales y provinciales, con pleno conocimiento de esta situaci贸n, le abran las puertas a la empresa que form贸 parte de esa explotaci贸n, env铆a un mensaje contradictorio y peligroso a la comunidad internacional.
La denuncia de Magdalena Odarda busca que la Justicia Federal ponga un freno a esta cadena de violaciones constitucionales, investigando a los funcionarios involucrados y obligando a respetar las leyes que protegen la soberan铆a nacional.
M谩s all谩 de las consecuencias legales, este caso resalta un problema de fondo: la disposici贸n de los gobiernos a sacrificar la defensa de un reclamo territorial hist贸rico a cambio de beneficios o favores econ贸micos. Sin importar que quienes se beneficien, sean empresas que han agredido directamente los intereses nacionales. Cada vez queda m谩s claro, que la soberan铆a no se defiende con palabras, sino con decisiones.
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