El delicado tema fue protagonizado por el Crucero Seabourn de bandera de las Bahamas, dependencia británica de ultramar, United KIngdom que en la actualidad ostenta el mismo status que se pretende para nuestras Islas Malvinas.
Con su recalada en Malvinas se violó automáticamente la Ley Gaucho Rivero, por éste motivo estarían bajo la mira, los agentes marítimos Navalia S.A. y Shipping Service Argentina S.A. quienes deberán asumir la responsabilidad -si se comprueba- de haber falseado la declaración de ingreso del buque a Ushuaia.
Por lo pronto el capitán del buque deberá ser sancionado por Prefectura Naval Argentina a su arribo a Buenos Aires el próximo 4 de diciembre, dado que “apagó” el sistema VOR, que permite conocer su posición, rumbo y velocidad “ignorando” que la Cuenca de Malvinas se encuentra dentro del sistema marítimo nacional. Es una falta grave a la seguridad de la navegación.
El buque no podrá cumplir con su temporada este verano. Las cinco próximas recaladas que tiene programadas entre Valparaíso y el Río de la Plata incluyen Malvinas, Ushuaia, Puerto Madryn y Buenos Aires. Las leyes provinciales Gaucho Rivero lo prohíben, y esa prohibición revoca la autorización para navegar nuestras aguas territoriales de Malvinas, que les fue concedida por el decreto presidencial 256/10.
Autoridades nacionales sostuvieron que al no estar autorizados el Crucero Seabourn, para navegar nuestras aguas territoriales "pediremos a las repúblicas hermanas y solidarias de Chile y Uruguay que denieguen el permiso de puerto para estos piratas si intentan continuar su provocación haciendo la ruta de Malvinas desde Montevideo o Punta Arenas" dijeron.
Recordemos que la estrategia de la Foreign Office (UK) esbozada fue justamente la utilización de puertos vecinos, pese a que la posición de Argentina en la OMI (Organización Marítima Mundial) es apoyada por todo el bloque regional.
La información también reseña en la página web, unapatriadapormalvinas.blogspot.com.ar/ sostiene que se harán dos presentaciones en la justicia Federal, se trata de un recurso de amparo para evitar que se sigan violando las leyes nacionales, y una denuncia para que se investigue el presunto delito de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público para el caso de que no haya sido derogada el permiso de navegación.
Por último el sitio especializado en defensa de la ley Gaucho Rivero, se dijo que "Lamentamos los perjuicios provocados a los pasajeros, pero fueron advertidos de esta circunstancia con una volanteada en el puerto de Ushuaia y con reuniones personales con los funcionarios de Navalia S.A. y Shipping Service Argentina S.A.
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